La cotización de becarios impide el certificado de profesionalidad a inmigrantes en situación irregular

Noticias de Gipuzkoa

La obligatoriedad de darse de alta en la Seguridad Social desde el 1 de enero lastra las expectativas del colectivo de hacer prácticas laborales

Las puertas se acaban de cerrar para personas extranjeras en situación irregular que quieren seguir cursos destinados a la obtención del certificado de profesionalidad. Se trata de uno de los efectos colaterales de la entrada en vigor este año del derecho a cotizar de todos los becarios. Los estudiantes de prácticas, sean remuneradas o no, deben cotizar a la Seguridad Social desde el pasado 1 de enero. El espíritu de la ley es claro: se quiere evitar la precariedad y eventuales abusos en la contratación por parte de las empresas. Pero la letra pequeña supone un serio contratiempo para inmigrantes en situación irregular que, al no estar dados de alta en la Seguridad Social, no pueden hacer cursos para obtener ese título de profesionalidad. Y sin ellos, se bloquean sus expectativas de progreso.

“Como idea, lo acordado en el Real Decreto-ley de marzo está bien; lo que ocurre es que por el camino se ha generado un problema importante a personas extranjeras que no pueden ser dadas de alta en la Seguridad Social porque no tienen un NIE”, explica a este periódico el abogado Mikel Mazkiaran, secretario general de la Federación estatal de SOS Racismo.

Bajo ese acrónimo, NIE, se conoce al código para la identificación tributaria de los extranjeros en el Estado, lo que viene a ser el equivalente al DNI. Sin él no pueden hacer prácticas, y sin ellas completar el curso es una quimera. Se trata de un problema que las entidades sociales que trabajan en Gipuzkoa vienen observando con preocupación durante las últimas semanas.

La medida que entró en vigor hace ahora un mes es independiente del Estatuto del Becario –que se encuentra paralizado–, ya que se enmarca en la reforma de las pensiones promovida por el exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Estaba previsto que el decreto entrase en vigor el 1 de octubre de 2023, pero la norma se topó con el rechazo de las empresas a asumir la parte de cotización que les corresponde.

Prórroga de una medida polémica

Y el resultado fue que se prorrogó hasta 1 de enero de 2024, para que universidades, empresas e instituciones se adaptaran a la norma, con el fin de no interferir en el desarrollo académico de alumnos y futuros becarios. ¿Pero qué ocurre con aquellas personas que se encuentran en situación irregular?

Lanbide ha dictado una instrucción por la cual una persona extranjera en situación irregular no puede apuntarse en el servicio de empleo para realizar prácticas

Queda por resolver la incertidumbre que se cierne sobre personas inmigrantes adultas que hasta ahora hacían sus prácticas, bien a través del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, o entidades de inserción socio-laboral como Sartu o Peñascal. A día de hoy, la situación no es precisamente halagüeña. Lanbide dictó una instrucción hace dos semanas que fue la que “levantó todas las alarmas”, asegura la Federación estatal de SOS Racismo. “Dice de manera muy expresa, muy clara, que una persona extranjera irregular no puede apuntarse en el servicio Lanbide para realizar prácticas. Detalla que es una medida que viene del decreto ley, y que van a solicitar un informe jurídico. Sea como fuere, hoy por hoy es la situación que hay”, explica el abogado.

Un extremo que confirman a este periódico fuentes del Servicio Vasco de Empleo. “Hace dos semanas recibimos nuevas instrucciones en relación a las prácticas que tienen que hacer las personas que siguen cursos con certificado de profesionalidad. El problema con quienes están inscritas con el pasaporte es que no tienen permiso de residencia, y no pueden ser dadas de alta en la Seguridad Social. Lo que nos han dicho es que estas personas no pueden hacer los cursos con certificado de profesionalidad”, detallan desde Lanbide.

El problema en atención sociosanitaria

Así, uno de los mayores problemas se viene observando en el ámbito de los cuidados a particulares en domicilios. En concreto, con la obtención del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria, requisito indispensable para trabajar con personas con dependencia. Se trata de una figura de la que echan mano cada vez más familias guipuzcoanas que contratan a personas en el domicilio a través de la vía no formal.

La Diputación presta ayuda económica a las familias que quieren contratar asistentes, con el fin de favorecer la autonomía de las personas con dependencia. Pero la normativa es muy clara. Exige que la persona cuidadora obtenga la titulación. “Y estamos hablando de un sector en el que el perfil más habitual suele ser el de mujer extranjera. Y si esa mujer está en situación irregular, se plantea el problema, porque el curso de atención sociosanitaria tiene una parte teórica y otra práctica”, advierten desde la Federación estatal de SOS Racismo.

Tras dictarse la instrucción de Lanbide, se han mantenido distintas reuniones entre entidades sociales para tratar de buscar una solución, aunque actualmente esas puertas a la obtención del certificado siguen cerradas.

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