Categoría: igualdad

En una comunidad tan pequeña como la nuestra disponemos de tres prisiones y se encuentran privados de libertad 1454 hombres y 124 mujeres. Hace algo más de dos años, en octubre de 2021, el Gobierno Vasco asumió la gestión de las prisiones. Hablar de privación de libertad significa hablar de justicia -en su amplio sentido-, personas victimarias y víctimas, resocialización y reeducación, prevención o problemas sociales. También, de manera sobresaliente, de derechos humanos, concepto que envuelve a todos los anteriores.

Este año conmemoramos la proclamación por la ONU hace 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Como la libertad es uno de los principios esenciales y las prisiones son espacios vulnerables, desde esa proclamación en 1948 se han ido estableciendo reglas que protegen especialmente a las personas que cumplen penas de privación de libertad. Ahí están las Reglas mínimas para el tratamiento de las personas reclusas o Reglas Nelson Mandela (ONU, 1955 y 2015), las Reglas de Tokio sobre las medidas no privativas de libertad (ONU, 1990), las Reglas de Bangkok sobre el tratamiento de las reclusas (ONU, 2011) o las Reglas Penitenciarias europeas (Consejo de Europa, 2006, actualizadas en 2020).

En 2023 la ONU pretende que recordemos la importancia de la dignidad, la libertad y la justicia para todas las personas, un mayor conocimiento de la universalidad de la Declaración de los Derechos Humanos y el activismo asociado a ella. En este contexto, las 27 entidades y asociaciones que formamos parte de ESEN (Espetxe Sarea Euskadi-Nafarroa, red de entidades sociales del ámbito penitenciario) subrayamos que las personas que se encuentran en prisión siguen formando parte activa de nuestra comunidad. Son nuestros y nuestras vecinos y vecinas, familiares, amistades o allegados. La mayor parte de las personas que cumplen una pena privativa de libertad presentan un cúmulo de déficits y necesidades -educativas, sociales, formativas, sanitarias, económicas o emocionales-, cuya atención requiere de medios especializados y supone una responsabilidad para la comunidad, las instituciones públicas y las entidades sociales. El perfil de esas personas queda definido por la presencia de las adicciones y de otras patologías físicas y mentales, la carencia de formación profesional y educativa suficientes o mínimas, el desempleo y la ausencia de experiencia laboral, la falta de apoyos familiares o sociales sólidos, la existencia de contextos vitales de exclusión o una larga permanencia en prisión. Debe promocionarse la reincorporación de esos hombres y mujeres a la sociedad con apoyos y recursos, impulsarse políticas de prevención y las medidas alternativas al encarcelamiento.

Detrás de una condena de privación de libertad hay muchas preguntas sobre los problemas que nos rodean y la manera de abordarlos: adicciones, violencia, pobreza, insuficiencias educativas, etc. Cómo no recordar la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “No dejar a nadie atrás”. Con este ideal como horizonte, desde ESEN queremos mencionar algunas de las peticiones y objetivos que definen nuestra labor:

Mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y dotar a los centros penitenciarios vascos de más medios humanos y materiales. 

Impulsar el abordaje del tratamiento penitenciario centrado en la persona como sujeto de derechos y en sus posibilidades de resocialización. En esta dirección hay que prestar una especial atención a las personas más vulnerables que se encuentran en prisión: aquellas que padezcan adicciones o enfermedades mentales, sufran graves patologías, tengan edad avanzada o menos de 30 años, provengan de contextos de exclusión social o hayan soportado prolongadas trayectorias de privación de libertad.

Valorar e influir en las políticas sociales por entender que la privación de libertad es, en muchos casos, resultado de una exclusión social previa.

Sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de este colectivo y su corresponsabilidad en su atención, potenciando las acciones de prevención en el entorno comunitario y el conocimiento y extensión de las alternativas a la prisión.

Coordinarse con el resto de los recursos disponibles (sociales, de salud, vivienda, educativos o de empleo) para que las personas excarceladas dispongan de los apoyos suficientes que sirvan de elementos protectores para prevenir la comisión de nuevos delitos.

Sentar las bases de un mayor y mejor acceso universal a la Justicia Restaurativa.

En diferentes lugares del mundo se conservan viejas prisiones reconvertidas en museos que nos recuerdan la historia de la privación de libertad, de sus sufrimientos y nos interrogan sobre lo que debería ser el castigo penal en el futuro. El castigo de prisión parece ser un eje central en nuestra sociedad. Pero no todo debería ser prisión. Es necesario disponer y promocionar un catálogo de medidas y sanciones que vayan superando la privación de libertad y que piensen en clave de nuevos recursos educativos, de mediación, reparación del daño causado, tratamiento para las personas infractoras o de justicia restaurativa. No es más segura una sociedad que tiene más personas privadas de libertad, sino aquella que dispone de buenos recursos preventivos y de intervención ante las dificultades y problemas individuales y sociales. La pena de prisión debería aplicarse a las conductas más graves, ser una respuesta extraordinaria y en todo caso ejecutarse en consonancia con los principios de los derechos humanos y las reglas y normas nacionales e internacionales.

No podemos finalizar sin mencionar la grave situación que viven miles de personas presas en numerosos países del mundo, que sufren condiciones deplorables e inhumanas de internamiento. Esperemos que el horizonte de los derechos humanos llegue pronto a esos espacios. La página web de la ONU dedicada al Día Internacional de Nelson Mandela se presenta con una de sus citas, que no deberíamos olvidar: “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada.”